Justicia Gratuita

Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
1. Justificación de la reforma. Los derechos otorgados a los ciudadanos por los
artículos 24 y 25 de la Constitución son corolario evidente de la concepción
social o asistencial del Estado Democrático de Derecho, tal y como ha sido
configurado por nuestra Norma Fundamental. En lógica coherencia con los
contenidos de estos preceptos constitucionales, y al objeto de asegurar a todas las
personas el acceso a la tutela judicial efectiva, el artículo 119 del propio texto
constitucional previene que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley
y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para
litigar. Con todo ello, nuestra Norma Fundamental diseña un marco
constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del
Estado, una actividad prestacional encaminada a la provisión de los medios
necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien
desea ejercerlo carezca de recursos económicos.
Suprimidas por la Ley 25/1986 las tasas judiciales, el núcleo de los costes
económicos derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por la
intervención en el mismo, por imperativo legal, en la mayor parte de las
ocasiones, de profesionales especializados en la defensa y representación de los
derechos e intereses legítimos. En efecto, una vez que el Estado ha renunciado a
la percepción de cualquier cantidad por el acceso al aparato judicial, son los
honorarios de abogados, de procuradores y, en su caso, de cualesquiera otros
profesionales, así como el coste de la obtención de las pruebas documentales o
periciales necesarias, los que implican un coste económico inasumible para los
ciudadanos que no disponen de los recursos económicos necesarios para hacerles
frente.
La previsión constitucional del artículo 119 ha sido ya objeto de desarrollo por
la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que en sus artículos 20.2 y440.2
recoge el mandato constitucional y remite, para la regulación del sistema de
justicia gratuita, a la Ley ordinaria. En virtud de esta reserva de Ley, corresponde
al legislador ordinario dar cumplimiento a la encomienda constitucional de que se
articule un sistema de justicia gratuita para aquellos que carezcan de recursos.
2. Vocación unificadora. A esa finalidad responde la presente Ley, cuyo objeto
es regular un sistema de justicia gratuita que permita a los ciudadanos que
acrediten insuficiencia de recursos para litigar, proveerse de los profesionales
necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente
defendidos sus derechos e intereses legítimos. Se trata, pues, de una Ley cuyos
beneficiarios y destinatarios directos son todos los ciudadanos que pretendan
acceder a la tutela judicial efectiva y vean obstaculizado dicho acceso en razón de
su situación económica. La finalidad es, por tanto, garantizar el acceso a la
Justicia en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos.
Frente a la dispersa legislación procesal que hasta ahora ha regulado la justicia
gratuita, esta norma viene a unificar en sí misma el nuevo sistema legal de
justicia gratuita; así pues, tal y como fue entendido por la Cámara Baja al aprobar
por unanimidad en su sesión celebrada el 10 de mayo de 1994 la moción
consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya, ratificada por la Resolución de 9 de
febrero de 1995, la presente Ley regula un sistema único, concentrado en una sola
norma, con las lógicas consecuencias de claridad y certeza que redundan, en
definitiva, en un incremento de la seguridad jurídica.
3. Ampliación del contenido material del derecho. Al objeto de remover los
obstáculos que impiden que los ciudadanos más desprotegidos accedan a la tutela
judicial efectiva en condiciones de igualdad, la presente Ley opera una notable
transformación en el contenido material del derecho a la asistencia jurídica
gratuita, configurándolo de forma más amplia.
En efecto, frente a los beneficios hasta ahora recogidos por la Ley de
Enjuiciamiento Civil, el nuevo sistema configura un derecho más completo y por
tanto más garantizador de la igualdad de las partes en el proceso, eliminando
onerosidades excesivas que no son sino negaciones prácticas de aquélla; así pues,
a los beneficios ya consagrados por nuestro Ordenamiento jurídico como propios
del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la Ley añade nuevas prestaciones
tales como el asesoramiento y la orientación previos a la iniciación del proceso –
lo cual ha de evitar en numerosas ocasiones litigios artificiales tan costosos en
todos los sentidos para la Justicia -, la asistencia pericial en el mismo y la
reducción sustancial del coste para la obtención de escrituras y documentos
notariales y de aquellos documentos emanados de los Registros Públicos, que
puedan ser precisos para las partes en el proceso.
4. El reconocimiento del derecho. De igual modo, la Ley supone un paso más
en la protección de esos ciudadanos más desfavorecidos que necesitan acceder a
la tutela judicial para ver realizadas sus legítimas pretensiones o defendidos sus
derechos.
Bajo la amplia libertad de configuración legal que se deriva del artículo 119 de
la Constitución Española – libertad que nuestro Tribunal Constitucional ya
reconoció expresamente -, la presente Ley llega más lejos que el sistema anterior
al adoptar los criterios para reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita,
estableciendo un doble mecanismo: por un lado, un criterio objetivo para el
reconocimiento del derecho, basado en la situación económica de los solicitantes,
y complementado por un mecanismo flexible de apreciación subjetiva acorde con
nuestra jurisprudencia constitucional, que
posibilita efectuar el reconocimiento excepcional del derecho a personas cuya
situación económica excede del módulo legal pero que, sin embargo, afrontan
unas circunstancias de una u otra índole que deben ser ponderadas y que hacen
conveniente ese reconocimiento. En estos segundos supuestos excepcionales, y
he aquí precisamente la diferencia con el régimen que la Ley de Enjuiciamiento
Civil tenía establecido hasta hoy, la extensión del derecho puede llegar a ser total,
incluyendo todas las prestaciones que lo integran.
Sin perjuicio de todo lo anterior, quedará siempre garantizado el derecho de
los interesados a la libre designación de abogado y procurador.
5. Actuación administrativa. A pesar de que la evaluación del cumplimiento de
los requisitos para gozar del derecho a la asistencia jurídica gratuita no es en
sentido estricto una función jurisdiccional, así se ha mantenido tradicionalmente
en nuestra legislación procesal.
Lejos de esa concepción, constituye esencial propósito de la Ley la
desjudicialización del procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia
jurídica gratuita, optándose así por las más modernas pautas que configuran dicha
función como una actividad esencialmente administrativa.
La traslación del reconocimiento del derecho a sede administrativa responde a
dos motivos: en primer término, se descarga a los Juzgados y Tribunales de una
tarea que queda fuera de los márgenes constitucionales del ejercicio de la
potestad jurisdiccional y, en segundo lugar, se agiliza la resolución de las
solicitudes de los ciudadanos mediante una tramitación sumaria y normalizada.
El reconocimiento del derecho pasa, por tanto, a convertirse en una función
que descansa sobre el trabajo previo de los Colegios profesionales, que inician la
tramitación ordinaria de las solicitudes, analizan las pretensiones y acuerdan
designaciones o denegaciones provisionales, y, por otra parte, sobre la actuación
de unos nuevos órganos administrativos, las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita, como órganos formalmente responsables de la decisión final, y en cuya
composición se hallan representadas las instancias intervinientes en el proceso.
No quiere ello decir que los órganos jurisdiccionales pierdan todo su peso en el
reconocimiento, ya que la Ley garantiza suficientemente el control judicial sobre
la aplicación efectiva del derecho, habilitando a aquéllos para decidir sobre el
mismo, en vía de recurso.
6. Financiación pública. Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos que
lo precisen un sistema rápido y eficaz de justicia gratuita se articula, como hasta
ahora, sobre la base de un servicio público, prestado por la Abogacía y la
Procuraduría, financiado con fondos igualmente públicos. De hecho, conforme a
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro
Tribunal Constitucional, el Estado es el responsable del recto funcionamiento del
servicio por la sola obligación constitucional de proveer a la defensa de quienes
carezcan de recursos; esta jurisprudencia ha dejado claramente establecida la
responsabilidad pública en tal sentido, como deber positivo del Estado de
garantizar el derecho de acceso a la Justicia o, lo que es lo mismo, a la tutela
judicial efectiva como derecho fundamental que es.
Ello conduce a la obligación de establecer mecanismos de control que
aseguren el adecuado destino de los fondos públicos asignados al servicio, de tal
forma que no se beneficien de dichos fondos quienes no precisen de asistencia
alguna.
Así pues, la Ley fija los criterios básicos de la financiación del servicio, cuyo
coste deberá ser periódicamente evaluado por los poderes públicos, que en todo
caso deberán seguir el principio de que el servicio de asistencia jurídica gratuita
esté digna y suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en
plazos razonables. Tanto lo relativo a la financiación, como las reglas referentes a
la prestación y funcionamiento del servicio se conciben con la flexibilidad y
generalidad propias de una norma de rango legal, que habrán de permitir que su
desarrollo por normas de rango inferior facilite el adecuado ajuste a las
cambiantes situaciones económicas y sociales, evitando así la petrificación del
Ordenamiento y la consagración en normas con la rigidez legal de materias que,
por su propia naturaleza, son susceptibles de sucesivas transformaciones en muy
poco tiempo. Tal regulación reglamentaria fue llevada a cabo con carácter
urgente, y como paso inicial y transitorio de la actual reforma del sistema de
justicia gratuita, mediante el Real Decreto 108/1995, de 27 de Enero, sobre
Medidas para Instrumentar la Subvención Estatal a la Asistencia Jurídica
Gratuita.
7. Ordenación competencial. La Ley resulta, en fin, respetuosa con la
ordenación competencial que deriva de nuestra Norma Fundamental y de los
Estatutos de Autonomía, explicitando los Títulos competenciales que, de
conformidad con las reglas 3, 5, 6 y 18 del artículo 149.1 de la Constitución
Española, habilitan al Estado para establecer la nueva regulación, y permitiendo
que ésta pueda complementarse con naturalidad con las normas que dicten las
Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias estatutarias.

CAPÍTULO I.

DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto determinar el contenido del derecho a la
asistencia jurídica gratuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y
regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad.
Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación general en todo tipo de
procesos judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, así como el
asesoramiento previo al proceso contemplado en el artículo 6.1.

Artículo 2. Ambito personal de aplicación.

En los términos y con el alcance previstos en esta Ley y en los tratados y
convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán
derecho a la asistencia jurídica gratuita:
a. Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros
de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando
acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
b. Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en
todo caso.
c. Las siguientes personas jurídicas cuando acrediten insuficiencia de recursos
para litigar:
1. Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 32 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
2. Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente.
d. En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios
del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el
ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los
procedimientos concursales.
Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los
trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta
materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.
e. En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa
previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para
litigar tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación
gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en
España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los
procedimientos en materia de asilo.
f. En los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, las personas
físicas contempladas en el Capítulo VIII de esta Ley, en los términos que en él se
establecen.

Artículo 3. Requisitos básicos.

1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas
físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos
los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo
interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.
2. Constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes:
a. La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los
hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados.
b. La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a
que se refiere la regla anterior.
3. Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados
individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de intereses
familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.
4. El derecho a la asistencia jurídica gratuita sólo podrá reconocerse a quienes
litiguen en defensa de derechos o intereses propios.
5. En el supuesto del apartado 2 del artículo 6, no será necesario que el
detenido o preso acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si
no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita,
éste deberá abonar al Abogado los honorarios devengados por su intervención.
Tampoco será necesario que las víctimas de violencia de género, ni las
víctimas del terrorismo, acrediten previamente carecer de recursos cuando
soliciten defensa jurídica gratuita especializada, en su caso, que se les prestará de
inmediato, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho
a la misma, éstas deban abonar al Abogado, y al Procurador cuando intervenga,
los honorarios devengados.
6. Tratándose de las personas jurídicas mencionadas en el apartado c del
artículo anterior, se entenderá que hay insuficiencia de recursos económicos para
litigar, cuando su base imponible en el Impuesto de Sociedades fuese inferior a la
cantidad equivalente al triple del salario mínimo interprofesional en cómputo
anual.

Artículo 4. Exclusión por motivos económicos.

A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá
en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que
declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad
económica, negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos,
desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia que éste
dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la Ley.
La circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que resida
habitualmente, no constituirá por sí misma obstáculo para el reconocimiento del
derecho, siempre que aquélla no sea suntuaria.

Artículo 5. Reconocimiento excepcional del derecho.

En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o
familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él
pesen, costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza,
objetivamente evaluadas, y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la
condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud
podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución motivada, el
reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun
superando los límites previstos en el artículo 3, no excedan del cuádruplo del
salario mínimo interprofesional.
En las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior, se podrá reconocer
el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad
señaladas en el artículo 1.2 de la “Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad”, así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen
en un proceso en su nombre e interés.
En tales casos, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente
determinará expresamente qué beneficios de los contemplados en el artículo 6, y
en qué proporción, son de aplicación al solicitante.

Artículo 6. Contenido material del derecho.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes
prestaciones:
1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes
pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan
por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.
2. Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para
cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal
en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando
ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere
designado Letrado en el lugar donde se preste.
3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el
procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea
legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el
Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las
partes en el proceso.
4. Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que
preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
5. Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico
adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios,
organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas.
Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que
se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los
órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a
cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a
cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes
procesales, entre los técnicos privados que correspondan
7. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales,
en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial.
8. Reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por el
otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios
notariales no contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa
con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o
sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia
gratuita.
9. Reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por la
obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los
Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el
proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan
para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.
10. Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 de este
artículo no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del
salario mínimo interprofesional.

Artículo 7. Extensión temporal.

1. La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se
extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no
podrá aplicarse a un proceso distinto.
2. El derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá para la interposición
y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al
proceso en la correspondiente instancia, aplicándose en este caso lo dispuesto en
el artículo 32 de la presente Ley.
3. Cuando la competencia para el conocimiento de los recursos a los que se
refiere el apartado anterior corresponda a un órgano jurisdiccional cuya sede se
encuentre en distinta localidad, el Juzgado o Tribunal, una vez recibido el
expediente judicial, requerirá a los respectivos Colegios la designación de
abogado y procurador de oficio ejercientes en dicha sede jurisdiccional.
Artículo 8. Insuficiencia económica sobrevenida.
No se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita al actor una vez
presentada la demanda, o al demandado una vez formulada su contestación, salvo
que en su solicitud acrediten ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que
las circunstancias y condiciones necesarias para obtener aquél sobrevinieron con
posterioridad a la demanda o contestación, respectivamente.
Cuando el actor o el demandado pretendan el reconocimiento del derecho en la
segunda instancia sin haberlo solicitado en la primera, deberán acreditar ante la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones
precisas sobrevinieron en el curso de la primera instancia o con posterioridad a
ella.
La misma regla será aplicable al que pretenda el reconocimiento del derecho
para interponer o seguir el recurso de casación respecto de la segunda instancia.

CAPÍTULO II.

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA EL
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA
GRATUITA.

Artículo 9. Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

En cada capital de provincia, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en cada isla
en que existan uno o más partidos judiciales, se constituirá una Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita como órgano responsable, en su correspondiente
ámbito territorial, de efectuar el reconocimiento del derecho regulado en la
presente Ley.
No obstante, el órgano competente en la Comunidad Autónoma podrá
determinar un ámbito territorial distinto para la Comisión.
Asimismo, en relación con los Juzgados y Tribunales con competencia en todo
el territorio nacional, se constituirá en la capital del Estado una Comisión Central
de Asistencia Jurídica Gratuita dependiente de la Administración General del
Estado.

Artículo 10. Composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

1. La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita estará presidida por un
miembro del Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado, y
compuesta por los Decanos del Colegio de Abogados y del Colegio de
Procuradores de Madrid, o el Abogado o Procurador que ellos designen, un
Abogado del Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia perteneciente a
Cuerpos o Escalas del grupo A, que además actuará como Secretario.
2. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de las
Comunidades Autónomas estarán integradas por un miembro del Ministerio
Fiscal, designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia o de la
Audiencia Provincial e integradas además por el Decano de Colegio de Abogados
y el del Colegio de Procuradores, o el Abogado o el Procurador que ellos
designen, y por dos miembros que designen las Administraciones Públicas de las
que dependen. El órgano competente de la Comunidad Autónoma determinará
cuáles de sus integrantes desempeñarán la Presidencia y la Secretaría.
3. En las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de la
Administración General del Estado, los miembros que corresponden a la
Administración pública serán un Abogado del Estado y un funcionario, que
actuará como secretario, perteneciente a cuerpos o escalas del grupo A, con
destino en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia correspondiente o, en
su defecto, un funcionario de los citados cuerpos o escalas que preste sus
servicios en la Delegación o Subdelegación del Gobierno del territorio de que se
trate.
En las provincias donde exista más de un Colegio de Abogados o de
Procuradores, el representante de estas Corporaciones en la Comisión se
designará de común acuerdo por los Decanos de aquéllos.
Cuando el volumen de asuntos u otras circunstancias justificadas lo aconsejen,
podrán crearse Delegaciones de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica
Gratuita, con la composición y ámbito de actuación que reglamentariamente se
determinen y garantizando, en todo caso, la homogeneidad de criterios para
reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Artículo 11. Funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita.

El funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se
ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para los órganos colegiados.
El Ministerio de Justicia e Interior prestará el soporte administrativo y el apoyo
técnico necesarios para el funcionamiento de las Comisiones dependientes de la
Administración General del Estado.
Los Colegios de Abogados y de Procuradores pondrán a disposición de las
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, la lista de colegiados ejercientes
adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indicación, en su caso, de
especializaciones.

Artículo 12. Solicitud del derecho.

El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se instará por los
solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o
Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o
ante el Juzgado de su domicilio. En este último caso, el órgano judicial dará
traslado de la petición al Colegio de Abogados territorialmente competente.
Cuando haya concurrencia de litigantes en un proceso, el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá ser instado individualmente por
cada uno de los interesados.
Cuando con arreglo a las leyes procesales, los solicitantes deban litigar bajo
una sola defensa o representación, deberán computarse, a efectos del
reconocimiento del derecho, la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales
de los solicitantes. En este caso, si se acreditara que los ingresos y haberes
patrimoniales de cada uno de los solicitantes no sobrepasan el doble del salario
mínimo interprofesional, se procederá a nombrar abogado y, en su caso,
procurador del turno de oficio que deberán asumir la representación y defensa
conjunta de todos ellos.
Si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los
solicitantes superan el doble del salario mínimo interprofesional pero no alcanzan
el cuádruple, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá determinar cuáles
de los beneficios establecidos en el artículo 6 se otorgará a los solicitantes.

Artículo 13. Requisitos de la solicitud.

En la solicitud se harán constar, acompañando los documentos que
reglamentariamente se determinen para su acreditación, los datos que permitan
apreciar la situación económica del interesado y de los integrantes de su unidad
familiar, sus circunstancias personales y familiares, la pretensión que se quiere
hacer valer y la parte o partes contrarias en el litigio, si las hubiere.

Artículo 14. Subsanación de deficiencias.

Si el Colegio de Abogados constatara que existen deficiencias en la solicitud o
que la documentación presentada resulta insuficiente, lo comunicará al
interesado, fijando con precisión los defectos o carencias advertidas y las
consecuencias de la falta de subsanación, requiriéndole para que la complete en el
plazo de diez días hábiles.
Transcurrido este plazo sin que se haya aportado la documentación requerida,
el Colegio de Abogados archivará la petición.

Artículo 15. Designaciones provisionales y traslados.

Si de la solicitud y sus documentos justificativos resulta acreditado que el
peticionario se encuentra incluido en el ámbito definido en el artículo 2 de esta
Ley, el Colegio de Abogados, subsanados los defectos advertidos, procederá en el
plazo máximo de quince días, contado a partir de la recepción de la solicitud por
dicho Colegio o de la subsanación de los defectos, a la designación provisional de
abogado, comunicándolo inmediatamente al Colegio de Procuradores a fin de
que, en caso de ser preceptivo, en el plazo máximo de tres días, se designe
procurador que asuma la representación.
En el caso de que el Colegio de Abogados estimara que el peticionario no
cumple las citadas condiciones, o que la pretensión principal contenida en la
solicitud es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, notificará en
el plazo de cinco días al solicitante que no ha efectuado el nombramiento
provisional de abogado previsto en el párrafo anterior y trasladará la solicitud a la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Del expediente correspondiente y las designaciones provisionales efectuados,
se dará traslado en el plazo de tres días a la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita a los efectos de su verificación y resolución.
En el caso de que el Colegio de Abogados no dictara resolución alguna en el
plazo de quince días, el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita, la cual, de modo inmediato, recabará el expediente
al Colegio de Abogados ordenando, al mismo tiempo, la designación provisional
de abogado y procurador, si éste fuera preceptivo, y seguirá, posteriormente, el
procedimiento fijado en el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 16. Suspensión del curso del proceso.

La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no
suspenderá el curso del proceso.
No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la
preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Juez, de
oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la
decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar
gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su
intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia.
Cuando la presentación de la solicitud del reconocimiento del derecho a la
asistencia jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda
resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripción, ésta quedará
interrumpida, siempre que dentro de los plazos establecidos en esta ley no sea
posible nombrar al solicitante Abogado y de ser preceptivo, Procurador del turno
de oficio que ejerciten la acción en nombre del solicitante. Cuando la acción
pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de caducidad, ésta
quedará suspendida hasta que recaiga resolución definitiva en vía administrativa,
reconociendo o denegando el derecho, momento a partir del cual se reanudará el
cómputo del plazo.
El cómputo del plazo de prescripción se reanudará desde la notificación al
solicitante de la designación provisional de abogado por el Colegio de Abogados
o, en su caso, desde la notificación del reconocimiento o denegación del derecho
por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y, en todo caso, en el plazo de
dos meses desde la presentación de la solicitud.
En el supuesto de que esta petición hubiere sido denegada, fuere claramente
abusiva y únicamente esté preordenada a dilatar los plazos, el órgano judicial que
conozca de la causa podrá computar los plazos en los estrictos términos
legalmente previstos, con todas las consecuencias que de ello se derive.

Artículo 17. Resolución y notificación.

Para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos declarados por el
solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la Comisión podrá realizar
las comprobaciones y recabar la información que estime necesarias. En especial,
podrá requerir de la Administración Tributaria correspondiente la confirmación
de la exactitud de los datos de carácter tributario que consten en la
documentación de esta naturaleza presentada con la solicitud. También podrá la
Comisión oír a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda
ejercitar la acción, cuando sean conocidas y se estime que pueden aportar datos
para conocer la real situación económica del solicitante.
La Comisión, una vez efectuadas las comprobaciones anteriores, dictará
resolución, en el plazo máximo de treinta días, contados a partir de la recepción
del expediente por la Comisión, reconociendo o denegando el derecho a la
asistencia jurídica gratuita y, en el caso contemplado en el artículo 5,
determinando cuáles de los beneficios son de aplicación a la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que la Comisión haya resuelto expresamente la
solicitud, quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por el
Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores, sin perjuicio de la obligación
de resolver de dicho órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La resolución se notificará en el plazo común de tres días al solicitante, al
Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, así como a las
partes interesadas y se comunicará al Juzgado o Tribunal que esté conociendo del
proceso, o al Juez Decano de la localidad si aquél no se hubiera iniciado.
Si el Colegio de Abogados no hubiera dictado ninguna resolución, el silencio
de la Comisión será positivo, procediendo a petición del interesado el Juez o
Tribunal que conozca del proceso o si la solicitud se realiza con anterioridad a la
iniciación del mismo el Juez Decano competente, a declarar el derecho en su
integridad y a requerir a los Colegios profesionales la designación provisional de
abogado y procurador, en su caso. Ello sin perjuicio de lo que resulte de las
eventuales impugnaciones contra tal estimación presunta.

Artículo 18. Efectos de la resolución.

El reconocimiento del derecho implicará la confirmación de las designaciones
de abogado y de procurador efectuadas provisionalmente por los Colegios
profesionales.
Si, por el contrario, la Comisión desestimara la pretensión, las designaciones
que eventualmente se hubieran realizado quedarán sin efecto y el peticionario
deberá, en su caso, abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por
la intervención de los profesionales designados con carácter provisional, en los
mismos términos previstos en el artículo 27 de esta Ley.

Artículo 19. Revocación del derecho.

La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los
solicitantes de asistencia jurídica gratuita, que hayan sido determinantes para el
reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, a su revocación por parte
de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que, a estos fines, tendrá
potestades de revisión de oficio.
La revocación contemplada en el párrafo anterior llevará consigo la obligación
del pago de todos los honorarios de abogado y procurador devengados desde la
concesión del derecho, así como la cantidad equivalente al costo de las demás
prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, sin perjuicio de las
responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan.

Artículo 20. Impugnación de la resolución.

Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar
las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen el derecho a la
asistencia jurídica gratuita.
Tal impugnación, para la que no será preceptiva la intervención de Letrado,
habrá de realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de cinco días
desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por
cualquiera de los legitimados para interponerla, ante el Secretario de la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita. Este remitirá el escrito de impugnación, junto con
el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una certificación de
ésta, al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el
procedimiento no se hubiera iniciado.
Recibido el escrito de impugnación y los documentos y certificación a que
alude el párrafo anterior, el Juez o Tribunal citará de comparecencia a las partes y
al Abogado del Estado o al Letrado de la Comunidad Autónoma correspondiente
cuando de ella dependa la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los
ocho días siguientes y, tras oírles y practicar la prueba que estime pertinente en el
plazo de los cinco días siguientes, dictará auto en el plazo de los cinco días
siguientes manteniendo o revocando la resolución impugnada.
El Juez o Tribunal competente para conocer de la impugnación, en el auto por
el que resuelva sobre la misma podrá imponer a quien la hubiere promovido de
manera temeraria o con abuso de derecho, una sanción pecuniaria de cinco mil a
cincuenta mil pesetas.
Contra el auto dictado por el Juez o el Tribunal no cabrá recurso alguno.

Artículo 21. Requerimiento judicial de designación de abogado y procurador.

Si, conforme a la legislación procesal, el órgano judicial que esté conociendo
del proceso estimara que, por las circunstancias o la urgencia del caso, fuera
preciso asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de
las partes, y alguna de ellas manifestara carecer de recursos económicos, dictará
una resolución motivada requiriendo de los Colegios profesionales el
nombramiento provisional de abogado y de procurador, cuando las designaciones
no hubieran sido realizadas con anterioridad.
Dicha resolución se comunicará por el medio más rápido posible a los
Colegios de Abogados y de Procuradores, tramitándose a continuación la
solicitud según lo previsto en los artículos precedentes.

CAPÍTULO III.

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA LETRADA,
DEFENSA Y REPRESENTACIÓN GRATUITAS.

Artículo 22. Gestión colegial de los servicios de asistencia letrada, de defensa
y de representación gratuitas.

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de
Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y
organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios de asistencia letrada
y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación
continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la
aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición.
Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los
peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y
encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter
gratuito para los solicitantes.
Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica
gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos
para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes
correspondientes.

Artículo 23. Autonomía profesional y disciplina colegial.

Los profesionales inscritos en los servicios de justicia gratuita, a los que se
refiere esta Ley, desarrollarán su actividad con libertad e independencia de
criterio, con sujeción a las normas deontológicas y a las normas que disciplinan el
funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita.

Artículo 24. Distribución por turnos.

Los Colegios profesionales establecerán sistemas de distribución objetiva y
equitativa de los distintos turnos y medios para la designación de los
profesionales de oficio. Dichos sistemas serán públicos para todos los colegiados
y podrán ser consultados por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita.
Los Colegios de Abogados, salvo aquéllos en los que por la reducida
dimensión de la actividad no sea necesario, constituirán turnos de guardia
permanente para la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido.

Artículo 25. Formación y especialización.

El Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de los Consejos Generales
de la Abogacía y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España,
establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización
necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de
asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el
derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado
cumplimiento para todos los Colegios profesionales, sin perjuicio de los
requisitos complementarios que puedan establecer las Comunidades Autónomas
competentes.

Artículo 26. Responsabilidad patrimonial.

En lo que afecta al funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica
gratuita, los Colegios de Abogados y de Procuradores estarán sujetos a los
mismos principios de responsabilidad patrimonial establecidos para las
Administraciones públicas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

CAPÍTULO IV.

DESIGNACIÓN DE ABOGADO Y DE PROCURADOR DE OFICIO.

Artículo 27. Efectos del reconocimiento del derecho.

El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo
la designación de abogado y, cuando sea preciso, de procurador de oficio, sin que
en ningún caso puedan actuar simultáneamente un abogado de oficio y un
procurador libremente elegido, o viceversa, salvo que el profesional de libre
elección renunciara por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular
del derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el Colegio en el que se halle
inscrito.
Si el derecho no fuera reconocido, los profesionales intervinientes podrán
percibir de sus defendidos o representados los honorarios correspondientes a las
actuaciones practicadas.

Artículo 28. Renuncia a la designación.

Quienes tengan derecho en los términos previstos en esta Ley a la asistencia
jurídica gratuita podrán, no obstante lo previsto en el artículo anterior, renunciar
expresamente a la designación de abogado y procurador de oficio, nombrando
libremente a profesionales de su confianza debiendo constar expresamente este
extremo en la solicitud y afectando simultáneamente esta renuncia al abogado y
procurador.
La renuncia posterior a la designación, que, asimismo, deberá afectar
simultáneamente al abogado y procurador designados de oficio, tendrá que ser
comunicada expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los
correspondientes Colegios Profesionales y no implicará la pérdida de las demás
prestaciones reconocidas en la concesión del derecho de asistencia jurídica
gratuita.

Artículo 29. Especialidades del orden jurisdiccional penal.

En el orden penal se aplicarán, además de las reglas contenidas en la presente
Ley, las garantías previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de
asegurar, en todo caso, el derecho a la defensa desde el mismo momento de la
detención.

Artículo 30. Aplicación de fondos públicos.

La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia,
defensa y representación gratuita sólo podrá ser retribuida con cargo a los fondos
públicos contemplados en el artículo 37, cuando exista reconocimiento expreso
del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos
contemplados en esta Ley.

Artículo 31. Obligaciones profesionales.

Los abogados y procuradores designados desempeñaran sus funciones de
asistencia y representación de forma real y efectiva hasta la terminación del
proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las
sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos
años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia, sin perjuicio del
efecto de las causas de renuncia o excusa que estén previstas en la Ley.
Sólo en el orden penal podrán los abogados designados excusarse de la
defensa.
Para ello deberá concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado por
los Decanos de los Colegios.
La excusa deberá formularse en el plazo de tres días desde la notificación de la
designación y resolverse en el plazo de cinco días desde su presentación.

Artículo 32. Insostenibilidad de la pretensión.

Cuando el Abogado designado para un proceso considere insostenible la
pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 15 días siguientes a su designación,
exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.
Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, o sin que el
Abogado pida su interrupción por falta de la documentación necesaria para
evaluar la pretensión, éste queda obligado a asumir la defensa.
Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, la defensa del acusado o imputado
será obligatoria.

Artículo 33. Tramitación.

1. Solicitada por el abogado la interrupción del plazo previsto en el artículo
anterior, por falta de la documentación necesaria, la Comisión requerirá al
interesado para que la presente en un plazo máximo de diez días.
Transcurrido este plazo sin que el interesado haya presentado dicha
documentación, la Comisión archivará la solicitud.
Presentada la documentación, ésta se aportará al abogado, reanudándose el
plazo para analizar la viabilidad de la pretensión.
Si la Comisión estima que la documentación con la que cuenta el abogado, en
el momento de la solicitud, es suficiente para analizar la viabilidad de la
pretensión principal, inadmitirá la solicitud de interrupción, reanudándose el
plazo para formulación de la insostenibilidad desde la notificación de la
resolución de inadmisión.
2. Formulada la insostenibilidad de la pretensión, la Comisión recabará del
Colegio de Abogados un dictamen sobre su viabilidad que deberá emitirse en el
plazo de 15 días.
Se solicitará, asimismo, informe fundado del Ministerio Fiscal cuando el
dictamen del Colegio de Abogados coincidiera con el del abogado designado.
Dicho informe se emitirá en el plazo de seis días.

Artículo 34. Nombramiento de segundo abogado.

Si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal estimaran defendible la
pretensión, se procederá al nombramiento de un segundo abogado. Los
dictámenes emitidos por el Colegio de Abogados y por el Ministerio Fiscal serán
aportados al nuevo abogado, para quien será obligatoria la defensa.
En caso de que el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal estimaran
indefendible la pretensión, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
desestimará la solicitud.

Artículo 35. Insostenibilidad en vía de recurso.

El mismo procedimiento previsto en los artículos anteriores se seguirá cuando
se trate de interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto fin al
proceso en la instancia correspondiente, si el abogado del recurrente considerase
inviable la pretensión.
El cómputo del plazo para la interposición de los recursos quedará suspendido
hasta tanto se resuelve materialmente la viabilidad de la pretensión.
En el orden penal y respecto de los condenados no cabrá formular
insostenibilidad de la pretensión.

Artículo 36. Reintegro económico.

1. Si en la sentencia que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre
costas, a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia
jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte
contraria abonar las costas causadas en la defensa de aquélla.
2. Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas
quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar
las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años
siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando
mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil.
Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos
económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el
artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y
condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente
Ley.
3. Cuando la sentencia que ponga fin al proceso no contenga expreso
pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito el beneficiario de la justicia
gratuita, deberá éste pagar las costas causadas en su defensa, siempre que no
excedan de la tercera parte de lo que en él haya obtenido. Si excedieren se
reducirán a lo que importe dicha tercera parte, atendiéndose a prorrata sus
diversas partidas.
4. Cuando se reconozca el derecho a asistencia jurídica gratuita para procesos
en los que proceda la petición de litis expensas y éstas fueren concedidas en
resolución firme a favor de la parte que litiga con el reconocimiento del derecho a
asistencia jurídica gratuita, el Letrado y procurador intervinientes podrán exigir a
ésta el pago de sus honorarios, hasta el importe total de la partida aprobada
judicialmente para este concepto.
5. Obtenido el pago por los profesionales designados de oficio conforme a las
reglas contempladas en los apartados anteriores, estarán obligados a devolver las
cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su
intervención en el proceso.
Para el cálculo de sus honorarios y derechos, se estará a las normas sobre
honorarios de abogados de cada Colegio, así como a los aranceles de los
procuradores vigentes en el momento de la substanciación del proceso.

CAPÍTULO V

SUBVENCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

Artículo 37. Subvención.

El Ministerio de Justicia e Interior subvencionará, con cargo a sus dotaciones
presupuestarias, la implantación y prestación de los servicios de asistencia
jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores.
El importe de la subvención se aplicará fundamentalmente a retribuir las
actuaciones profesionales previstas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de esta
Ley, cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Artículo 38. Gastos de funcionamiento.

Reglamentariamente se establecerá el sistema a través del cual se
subvencionará, con cargo a las dotaciones presupuestarias del Ministerio de
Justicia, el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de
Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de
asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la
orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de
las pretensiones solicitadas.
Dicho sistema se ajustará en todo caso a las siguientes reglas:
a. La subvención se determinará para cada Colegio con un sistema de módulos
compensatorios por expediente tramitado.
b. Hasta tanto no se cumpla el mencionado requisito, los Colegios percibirán
la cuantía que resulte de aplicar el 8 % al coste económico generado en cada
período de liquidación por las actuaciones profesionales mencionadas en el
artículo anterior.

Artículo 39. Gestión colegial de la subvención.

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de los
Procuradores de los Tribunales de España distribuirán entre los Colegios de
Abogados y de Procuradores el importe de la subvención que corresponda a la
actividad desarrollada por cada uno.
Los Consejos Generales y los Colegios, en cuanto entidades colaboradoras
para la gestión de la subvención, estarán sometidos a las obligaciones
establecidas para dichos sujetos por la Ley General Presupuestaria.

Artículo 40. Retribución por baremo.

En atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan los
profesionales designados de oficio, se establecerán, previo informe del Consejo
General de la Abogacía Española y del Consejo General de los Colegios de los
Procuradores de los Tribunales de España, las bases económicas y módulos de
compensación por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 41. Quejas y denuncias.

Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita darán traslado a los Colegios
profesionales correspondientes a su ámbito territorial de las quejas o denuncias
formuladas como consecuencia de las actuaciones de los profesionales
encargados de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio
de aquellas actuaciones judiciales que resultaren procedentes.
Los Colegios estarán obligados a comunicar a las citadas Comisiones las
resoluciones y medidas adoptadas como consecuencia de los expedientes
disciplinarios que, en su caso, fueran incoados. Dichas resoluciones podrán ser
recurridas por las Comisiones.

CAPÍTULO VI.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Artículo 42. Correcciones disciplinarias.

El régimen disciplinario de los abogados y procuradores de los servicios de
asistencia jurídica gratuita se regirá por las mismas reglas establecidas con
carácter general para el desempeño de dichas profesiones, con las siguientes
especialidades:
a. La indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos
tendrá siempre la consideración de falta muy grave.
b. La imposición de sanciones por infracciones graves o muy graves,
relacionadas con las actuaciones desarrolladas en aplicación de lo establecido en
esta Ley, llevará aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de los
servicios de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 43. Separación cautelar.

Abierto un expediente disciplinario por un Colegio profesional como
consecuencia de quejas o denuncias formuladas por los usuarios de los servicios
de asistencia jurídica gratuita, y cuando la gravedad de los hechos denunciados
así lo aconseje, podrá acordarse la separación cautelar del servicio del profesional
presuntamente responsable de aquellos hechos, por un período máximo de seis
meses hasta tanto se resuelva el expediente disciplinario incoado al efecto.

CAPÍTULO VII

APLICACIÓN EN ESPAÑA DE TRATADOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

Artículo 44. Autoridad Central.

El Ministerio de Justicia e Interior, a través de la Autoridad Central receptora
de la aplicación en España del Convenio Europeo relativo a la transmisión de
solicitudes de asistencia jurídica gratuita de 27 de enero de 1977 y del Convenio
de La Haya de acceso internacional a la Justicia de 25 de octubre de 1980,
formulará ante las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita las solicitudes de
justicia gratuita formuladas al amparo de dichos Convenios.

Artículo 45. Tramitación.

La tramitación de las solicitudes de justicia gratuita a que se refiere el artículo
anterior, se ajustará a las reglas de procedimiento establecidas en esta Ley, con
las siguientes excepciones:
a. El plazo para la impugnación prevista en el artículo 20 será de dos meses.
b. El plazo para la subsanación de deficiencias contemplado en el artículo 14
será de dos meses, contados a partir de la fecha en que la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita notifique la insuficiencia documental.
c. Los documentos presentados estarán redactados o traducidos al castellano,
quedando dispensados de cualquier formalidad de legalización o apostilla.


CAPÍTULO VIII.

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LOS LITIGIOS
TRANSFRONTERIZOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

SECCIÓN I. NORMAS GENERALES.

Artículo 46. Ámbito de aplicación.

1. En los litigios transfronterizos tendrán derecho a la asistencia jurídica
gratuita regulada en este Capítulo exclusivamente las personas físicas, que sean
ciudadanos de la Unión Europea o nacionales de terceros países que residan
legalmente en uno de los Estados miembros. A los efectos de este Capítulo, se
entenderá por Estado miembro de la Unión Europea todos los Estados miembros
excepto Dinamarca.
2. El beneficio de asistencia jurídica gratuita se reconocerá únicamente en los
litigios en materia civil o mercantil, así como en los procedimientos
extrajudiciales en estas mismas materias cuando la ley los imponga a las partes o
el Juzgado o Tribunal remita a éstas a dichos procedimientos.
En aplicación del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de
diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, el beneficio de
asistencia jurídica gratuita se reconocerá, igualmente, en los litigios
transfronterizos derivados de un contrato de trabajo.
La asistencia jurídica gratuita podrá concederse también, cuando se cumplan
los requisitos que se exigen en esta Ley, para:
a. La ejecución de sentencias dictadas por los Tribunales de otros Estados
miembros de la Unión Europea en los que se hubiera obtenido el beneficio de la
justicia gratuita.
b. La ejecución de documentos públicos con fuerza ejecutiva.
3. En las relaciones con los Estados que no sean miembros de la Unión
Europea, la aplicación de este Capítulo no afectará a los restantes convenios y
tratados multilaterales y bilaterales ratificados por España.

Artículo 47. Litigios transfronterizos.

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por litigio transfronterizo aquel en el
que la parte que solicita la asistencia jurídica gratuita reside habitualmente o está
domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de aquel otro
donde se halle el Juzgado o Tribunal competente para su conocimiento o en el
que deba ejecutarse la resolución.
2. Para la determinación del Estado miembro en el que está domiciliada una
parte del litigio transfronterizo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 59 del
Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a
la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil.
3. El momento que se tendrá en cuenta para determinar si existe un litigio
transfronterizo será el de presentación de la solicitud con arreglo a este Capítulo.

Artículo 48. Autoridades expedidoras y receptoras.

En el ámbito de aplicación de este Capítulo, serán autoridades expedidoras y
receptoras de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita a que se envíen o se
reciban en España los Colegios de Abogados.

SECCIÓN II. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO EN ESPAÑA.

Artículo 49. Requisitos para el reconocimiento del derecho.

1. Quien solicite asistencia jurídica gratuita al amparo de esta Sección habrá de
residir o estar domiciliado en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de
España. Para el reconocimiento de este derecho se observarán los requisitos
establecidos en los artículos 3 a 5 de esta Ley.
2. Los límites económicos establecidos en esta Ley no impedirán que el
solicitante que los supere pueda obtener el beneficio si prueba que no puede hacer
frente a los gastos procesales debido a las diferencias en el coste de la vida entre
el Estado miembro de su residencia o domicilio y España. En tal caso, se tendrá
en cuenta el cumplimiento por el solicitante de los criterios de carácter
económico aplicables en el Estado miembro de su domicilio o residencia habitual
para conceder la justicia gratuita.

Artículo 50. Contenido material del derecho.

1. El derecho de asistencia jurídica gratuita reconocido al amparo de esta
Sección comprende todas las prestaciones indicadas en el artículo 6, con
excepción de su apartado 2, con la extensión temporal del artículo 7, y, además:
a. Los servicios de interpretación.
b. La traducción de los documentos presentados por el beneficiario a
instancias del Juzgado o Tribunal o de la autoridad competente y que sean
necesarios para resolver el asunto.
c. Los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del solicitante, cuando
las normas aplicables o el Juzgado o Tribunal requieran su comparecencia
personal para la defensa de su pretensión, y el Juzgado o Tribunal decida que no
existen otros medios satisfactorios de tomar declaración. Al objeto de considerar
si es necesaria la asistencia personal del solicitante, de un testigo o de un perito,
los Juzgados y Tribunales tendrán en cuenta lo previsto en el Reglamento (CE)
número 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación
entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la
obtención de pruebas en materia civil o mercantil, así como, en su caso, otros
convenios o normas aplicables.
d. La defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el
procedimiento judicial cuando, no siendo legalmente preceptiva la intervención
de estos profesionales, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal
mediante Auto motivado en vista de la complejidad del asunto o para garantizar
la igualdad de las partes en el proceso.
2. Los documentos remitidos por las autoridades expedidoras competentes en
aplicación de este Capítulo estarán exentos de legalización y de cualquier otra
formalidad equivalente.

Artículo 51. Solicitud del derecho.

1. Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que provengan de otro Estado
miembro de la Unión Europea para un litigio transfronterizo se presentarán ante
el Colegio de Abogados del lugar donde se halle el Juzgado o Tribunal que haya
de conocer del proceso principal para el que aquélla se solicita o ante el que se
solicite el reconocimiento o ejecución de una resolución.
Cuando el Colegio de Abogados que recibe la solicitud estime que es
incompetente para su tramitación, la remitirá al Colegio que considere
competente, de manera razonada. Si éste rechazara también la solicitud, la
enviará al Consejo General de la Abogacía Española para que decida cuál es el
Colegio de Abogados de la circunscripción del Juzgado o Tribunal al que
corresponde su tramitación, determinado éste de acuerdo con las reglas de los
artículos 44 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
o, en su caso, en las normas internacionales que resulten de aplicación.
Cuando se solicite el reconocimiento excepcional del derecho por concurrir
cualesquiera de las circunstancias previstas en el artículo 5 de esta Ley o cuando
se alegue la imposibilidad de hacer frente a los gastos procesales prevista en su
artículo 49.2, el Colegio de Abogados remitirá inmediatamente a la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita la solicitud y documentación para que resuelva sobre
la pretensión deducida.
Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo oficial establecido al efecto, y
podrán presentarse bien directamente por el interesado, bien a través de la
autoridad expedidora competente del Estado miembro en que el solicitante tenga
su residencia habitual o su domicilio. Las solicitudes se acompañarán de los
documentos en los que se funde la pretensión.
2. En el supuesto de concurrencia de litigantes en un mismo proceso, el
reconocimiento del derecho deberá ser instado de manera individualizada para
cada uno de los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.
3. El Ministerio de Justicia, a través del órgano competente en virtud de lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, notificará a la Comisión
Europea los nombres y direcciones de las autoridades receptoras o expedidoras
competentes en España, los ámbitos geográficos sobre los que tienen
competencia, los medios para recibir las solicitudes y, en su caso, la lengua o las
lenguas oficiales de las instituciones de la Comunidad, además del español y, en
su caso, de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en la que tengan su
sede las autoridades expedidoras y receptoras, en las cuales se aceptará que se
cumplimenten las solicitudes de justicia gratuita así como la documentación
acreditativa correspondiente.
Cuando una solicitud o la documentación correspondiente se reciban en una
lengua no aceptada en España, serán inmediatamente devueltas a quien los
hubiera presentado para que proceda a su traducción y presentación en el plazo de
15 días contados desde la recepción del requerimiento.
4. Una vez presentada la solicitud, se seguirán en estos casos las normas
previstas en los artículos 13 a 21 con la especialidad de que el plazo de
subsanación de deficiencias del artículo 14 será de 15 días. Asimismo, se
observarán las normas recogidas en el Capítulo IV, en lo que resulten de
aplicación.
En todo caso, deberá informarse al solicitante sobre la tramitación de su
solicitud, cuya resolución será motivada en caso de denegación total o parcial.
5. En los casos en que haya de tener lugar en España el reconocimiento o
ejecución de una resolución judicial dictada por un Juzgado o Tribunal de otro
Estado miembro de la Unión Europea en el que se hubiera obtenido el beneficio
de la justicia gratuita, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se instará
mediante solicitud en la que se acredite el reconocimiento del derecho en ese
Estado y el cumplimiento de los requisitos del artículo 49.
Se podrá conceder, asimismo, el beneficio de la asistencia jurídica gratuita
para la ejecución en España de documentos públicos con fuerza ejecutiva cuando
el solicitante acredite el cumplimiento de los requisitos del artículo 49.

SECCIÓN III. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO EN OTROS

ESTADOS MIEMBROS.

Artículo 52. Derechos en España.

Las personas físicas que tengan su residencia habitual o su domicilio en
España que pretendan beneficiarse de asistencia jurídica gratuita en otro Estado
miembro de la Unión Europea para un litigio transfronterizo de los previstos en
este Capítulo podrán acceder en España a los siguientes derechos:
a. Asistencia de los servicios de orientación jurídica del Colegio de Abogados
correspondiente a la residencia o domicilio del solicitante hasta que se presente la
solicitud de justicia gratuita en el Estado miembro donde se halle el Tribunal.
Esta asistencia incluirá el asesoramiento al solicitante para que la solicitud vaya
acompañada de toda la documentación acreditativa que sea necesaria para que
pueda resolverse sobre ella.
b. Traducción de la solicitud y de la documentación acreditativa necesaria que
deba presentarse a las autoridades de dicho Estado miembro.

Artículo 53. Tramitación.

1. Los derechos contemplados en el artículo 52 podrán solicitarse ante el
Colegio de Abogados que corresponda a la residencia habitual o domicilio del
solicitante.
Si el Colegio de Abogados estimara que la petición carece de modo manifiesto
de fundamento o no entra dentro del ámbito de aplicación de este Capítulo, se lo
notificará al solicitante en el plazo de cinco días, y trasladará la solicitud a la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que decida de manera definitiva
sobre la negativa a remitir la solicitud.
2. Corresponderá al Colegio de Abogados transmitir la solicitud de asistencia
jurídica gratuita a las autoridades receptoras del Estado miembro de la Unión
Europea donde se encuentre el Tribunal competente para el litigio de que se trate.
Se remitirá en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que la solicitud se
encuentre cumplimentada en la lengua o en una de las lenguas aceptadas por el
Estado miembro de la autoridad receptora y también los documentos
acreditativos, traducidos, si fuera necesario, a alguna de dichas lenguas.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, el solicitante podrá
beneficiarse de los derechos contemplados en el artículo 52 y presentar por sí
mismo la solicitud de justicia gratuita ante la autoridad receptora competente del
Estado miembro en el que se halle el Tribunal o en el que deba ejecutarse la
resolución.

Artículo 54. Denegación del derecho.

Cuando la autoridad competente de otro Estado miembro deniegue la solicitud
de justicia gratuita realizada desde España con ejercicio de los derechos del
artículo 52, se exigirá, si concurren las circunstancias previstas en el artículo 19,
el reintegro de los gastos correspondientes a las traducciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

1. El Capítulo I, los artículos 9, 10.1, 12 y 16 a 21 del Capítulo II, los artículos

27 a 29 y 31 a 36 del Capítulo IV, el Capítulo VII, las disposiciones adicionales
tercera, cuarta y quinta, y la disposición derogatoria, se dictan al amparo de las
competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.3, 5 y 6 de la Constitución
Española, sobre Relaciones Internacionales, Administración de Justicia y
Legislación procesal, respectivamente.
2. Los artículos 25 y 26 del Capítulo III y el Capítulo VI, se dictan en virtud
de la competencia del Estado reconocida en el artículo 149.1.18 de la
Constitución Española, conforme al cual corresponde a éste dictar las
Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
3. Los restantes preceptos serán de aplicación en defecto de normativa
específica de las Comunidades Autónomas que hayan asumido el
ejercicio efectivo de las competencias en materia de provisión de medios
para la Administración de Justicia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, la Cruz Roja Española tendrá
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, sin necesidad de acreditar
insuficiencia de recursos para litigar.
Igual derecho asistirá a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, en los
términos previstos en el artículo 2.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
También se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, sin necesidad
de acreditar insuficiencia de recursos para litigar, a las asociaciones de utilidad
pública que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las
personas con discapacidad señaladas en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.

Los artículos que a continuación se relacionan de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, tendrán la siguiente redacción:
1. El artículo 844 tendrá la siguiente redacción:
Cuando el apelante tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica
gratuita, se le tendrá por personado en tiempo ante el Tribunal superior, si
dentro del término del emplazamiento compareciere ante el mismo por sí o por
medio de otra persona, solicitando la designación de abogado y procurador de
oficio.
La misma pretensión podrá deducir al hacerle el emplazamiento, en cuyo caso
lo consignará el Secretario en la diligencia.
En estos casos, la designación se efectuará conforme a lo previsto en la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita y se entenderán con el Procurador nombrado de
oficio todas las actuaciones en representación del apelante.
2. El artículo 1.701 tendrá la siguiente redacción:
Si la parte recurrente en queja tuviere reconocido el derecho a la asistencia
jurídica gratuita, la designación de abogado y procurador que le defiendan y
representen se efectuará conforme a lo previsto en la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita y el plazo de presentación del escrito de interposición del recurso se
computará a partir de la comunicación de las designaciones, siempre que haya
mediado solicitud de la parte dentro de los diez días siguientes a la notificación
de la sentencia.
3 El prime párrafo de la regla 6. del artículo 1.708, tendrá la siguiente
redacción:
En los casos en que el recurso de casación fuere interpuesto por el Letrado
designado en turno de oficio, tendrá siempre un plazo no inferior a los veinte
días, contados desde el siguiente a aquél en que se disponga de las actuaciones
para hacerlo, interrumpiéndose, si es necesario, a tal fin, el plazo de los cuarenta
días fijados en el emplazamiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.

Los artículos y rúbricas que a continuación se relacionan de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal tendrán la siguiente redacción:
1. El Título V del Libro I se denominará Del derecho de defensa y de la
asistencia jurídica gratuita en los juicios criminales.
2. El artículo 121 tendrá la siguiente redacción:
Todos los que sean parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, tendrán obligación de satisfacer los
derechos de los procuradores que les representen, los honorarios de los
abogados que les defiendan, los de los peritos que informen a su instancia y las
indemnizaciones de los testigos que presentaren, cuando los peritos y testigos, al
declarar, hubiesen formulado su reclamación y el Juez o Tribunal la estimaren.
Ni durante la causa ni después de terminada tendrán la obligación de
satisfacer las demás costas procesales, a no ser que a ello fueren condenados.
El procurador que, nombrado por los que fueren parte en una causa, haya
aceptado su representación tendrá la obligación de pagar los honorarios a los
Letrados de que se valiesen los clientes para su defensa.
Los que tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita,
podrán valerse de abogado y procurador de su elección; pero en este caso
estarán obligados a abonarles sus honorarios y derechos, como se dispone
respecto de los que no tengan reconocido dicho derecho, salvo que los
profesionales de libre elección renunciaran a la percepción de honorarios o
derechos en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita.
3. El último párrafo del artículo 875 tendrá la siguiente redacción:
Si el recurrente tuviese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita
o apareciese declarado insolvente total o parcial, quedará obligado a responder
de la cantidad referida, si viniere a mejor fortuna, en la forma que dispone el
artículo 857.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.

El artículo 21 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, tendrá la siguiente
redacción:
1. La defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la instancia, con
excepción de lo previsto en el artículo siguiente, pero podrá utilizarla cualquiera
de los litigantes, en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o
derechos respectivos, con las excepciones fijadas en el artículo 2.d de la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita.
2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o
representado por procurador o graduado social colegiado, lo hará constar en la
demanda. Asimismo, el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento
del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado por procurador o graduado social colegiado,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia
de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o
graduado social colegiado.
3. Si en cualquier otra actuación, diversa al acto de juicio, cualquiera de las
partes pretendiese actuar asistido de Letrado, el Juez o Tribunal adoptará las
medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes.
4. La solicitud de designación de abogado por el turno de oficio por los
trabajadores y los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social comportará la
suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la prescripción de
acciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Información al Ministerio de Justicia
sobre los litigios transfronterizos.

A efectos estadísticos, los Colegios de Abogados enviarán semestralmente una
relación de solicitudes de reconocimiento de asistencia jurídica gratuita en los
litigios transfronterizos celebrados en los demás Estados miembros, con
indicación expresa del Estado de que se trate, cuando el solicitante del derecho
tenga su residencia habitual o su domicilio en España, así como de solicitudes de
reconocimiento de asistencia jurídica gratuita en los litigios transfronterizos
celebrados en España, con indicación expresa del Estado de residencia habitual o
domicilio del solicitante del derecho, al Consejo General de la Abogacía
Española, que éste remitirá al Ministerio de Justicia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Empleo de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos.

Las Administraciones Públicas competentes procurarán e impulsarán el
empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los trámites ligados
al reconocimiento de derecho de asistencia jurídica gratuita, y en particular
cuando se trate de los supuestos previstos en el Capítulo VIII de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Asistencia jurídica gratuita a las
víctimas del terrorismo.

1. Las personas declaradas víctimas del terrorismo que acrediten insuficiencia
de recursos para litigar, en los términos establecidos en la presente Ley, tienen
derecho a la representación y defensa gratuitas por Abogado y Procurador en
todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o
indirecta en la situación que provoca la citada condición. En estos supuestos una
misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima.
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de
la víctima.
2. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica gratuita y especializada de
forma inmediata a todas las víctimas del terrorismo que lo soliciten, sin perjuicio
de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica
gratuita, éstas deberán abonar al Abogado y al Procurador, en su caso, los
honorarios devengados por su intervención.
3. Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la
designación urgente de letrado de oficio para garantizar la asistencia y defensa de
las víctimas del terrorismo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.

Las solicitudes de justicia gratuita, presentadas con anterioridad a la entrada en

vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de

efectuar la solicitud.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta
Ley, y en particular:
a. De la Ley de Enjuiciamiento Civil:
o El inciso primero del número 4. del artículo 4, cuando dice justicia
gratuita.
o Los artículos 13 a 50, ambos inclusive.
o Las reglas 3., 4. y 5. del artículo 1.708.
o El artículo 1.719.
b. De la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
o El artículo 119.
o El artículo 120.
o Los artículos 123 a 140, ambos inclusive.
o Los apartados 2, 4 y 5 del artículo 788.
o El último párrafo del artículo 874.
o Los tres primeros párrafos del artículo 876.
c. Del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral:
o Los artículos 25 y 26.
d. De la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956:
o El artículo 132.
e. El artículo 6.3 del Real Decreto-ley 18/1982, de 24 de septiembre, de
régimen de los fondos de Garantía de Depósitos de Bancos Privados, Cajas de
Ahorro y Cooperativas de Crédito.
f. El artículo 59.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

En el plazo de seis meses desde la publicación de la presente Ley, el Gobierno,
en el ámbito de sus competencias, dictará el Reglamento General de desarrollo de
la misma, en el que se contendrán necesariamente los siguientes extremos:
a. Las normas de organización y funcionamiento de la Comisiones de
Asistencia Jurídica Gratuita.
b. Normalización de los documentos a presentar por los solicitantes de
asistencia jurídica gratuita.
c. El procedimiento para la aplicación de la subvención.
d. El sistema de determinación de las bases económicas y módulos de
compensación con cargo a fondos públicos por la prestación de los servicios de
asistencia jurídica gratuita.
e. El sistema de provisión de la asistencia pericial gratuita prevista en el
apartado 6 del artículo 6.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden
y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 10 de enero de 1996.
– Juan Carlos R. –
El Presidente del Gobierno,
Felipe González Márquez.
Notas:
Artículo 38:
Redacción según Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social.
Artículo 6:
Redacción según Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
Artículos 9 y 10:
Redacción según Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Artículo 10 (apdo. 3):
Redacción según Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada
Nueva Empresa por la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de
marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Artículos 2, 3 (apdo. 5), 5, 16, 32 y 33 (apdo. 2); Disposición
adicional segunda:
Redacción según Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se
modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos
civiles y mercantiles en la Unión Europea.
Capítulo VIII; Disposiciones adicional sexta, adicional séptima
y adicional octava:
Añadido por Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para
regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y
mercantiles en la Unión Europea.
33
(1) Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la redacción
dada según la Ley 16/2005, de 18 de julio, reguladora de las especialidades de los
litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s